México discutirá ley que define a Bitcoin como activo digital


Se espera que esta medida tenga un impacto importante sobre la economía del país ya que abriría las puertas a empresas internacionales para invertir en la moneda digital de forma segura y confiable en armonía con las leyes que entrarían en vigencia.  


El portal de noticias News.bitcoin.com publicó  hoy una entrevista realizada a Sebastian Acosta Checa – fundador del servicio de intercambio Bitcoin, ISBIT – quien compartió su perspectiva en relación al impacto que causará que Bitcoin sea reconocido en México como activo digital y a las repercusiones que podrían tener en el corto y mediano plazo.

Este es un resumen con los aspectos más importantes comentados por Acosta en relación a esta nueva ley que provee de estatus legal a la moneda digital.

Origen del proyecto de ley y definición legal de Bitcoin

La propuesta originalmente fue presentada el pasado 23 de marzo durante la 80ª convención de la Asociación de Bancos de México por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, con la finalidad de que el Banco Central definiese un marco regulador para aplicar a las monedas digitales, en especial a Bitcoin.

Explicó Acosta que esta iniciativa ha sido promovida por el gobierno pero aún debe ser aprobada por el congreso, sin embargo son muchos los que coinciden en la existencia de grandes beneficios derivados de esta iniciativa, ya que al dar un estatus legal a la moneda digital se incentivaría a los inversionistas nacionales e internacionales a participar activamente, lo cual impactaría de manera favorable sobre la economía del país.

En relación a la definición bajo la cual sería entendida Bitcoin se alude al termino “Activo digital”, el cual estará sujeto a dos criterios: El primero es la adopción generalizada por el público siendo este el más importante, y el segundo tiene que ver con los protocolos, reglas y mecanismos que permitan generar, identificar, dividir y controlar la creación y distribución de las unidades de la criptomoneda. Todo esto debe ser definido por el Banco Central de México, pero tanto Bitcoin como Ethereum pueden entrar perfectamente bajo esta definición pues, según Acosta, cumplen con los requisitos y además la tecnología subyacente es bastante sólida, lo cual refuerza la confianza en su utilización.

Un punto importante es que, de acuerdo con el proyecto de ley, las personas que realicen operaciones comerciales netamente individuales (entiéndase no institucionales) con el activo digital, no están obligadas a solicitar ningún tipo de licencia o autorización, por lo que pueden usar sus saldos como mejor lo dispongan.

Esta decisión se sustenta en los planes del gobierno para pasar a una economía digital, en la que se reduzca o se elimine el uso de dinero físico, para así hacer los procesos de recaudación de impuestos y manejo de capitales más eficientes y transparentes, a la vez que se pueda crear un mecanismo para regular, auditar y supervisar las actividades comerciales bajo estos lineamientos.

Requisitos para los servicios de intercambio

Al preguntar a Acosta en relación a los servicios de intercambio, en especial a los efectos que tendría esta ley sobre compañías como ISBIT, el CEO aclaró que estas instituciones deben ser solventes en todo momento y no pueden operar bajo un sistema de reservas fraccionarias, es decir, que deben conservar en todo momento los depósitos de sus clientes y no hacer uso de estos para préstamos y otras actividades financieras que deriven ganancias.

Acosta dejó muy claro que esta medida tiene como objetivo proteger al consumidor ya que exige a las empresas mantener a buen resguardo los activos de sus clientes, además tendrán obligación de informar debidamente a las personas interesadas en relación a los riesgos asociados con el manejo de divisas digitales y todas las empresas que comercialicen con estas e interactúen con las redes bancarias nacionales deben obtener el certificado legal para el manejo de fondos por concepto de pagos electrónicos.

En relación al intercambio de los activos por dinero de curso legal, se aclaró que los entes reguladores deben establecer reglas que protejan al consumidor y ayuden a que las personas adopten masivamente este nuevo sistema de economía digital, por lo que se tratará de mantener normas que beneficien a ambas partes.

Cada servicio debe mantener una bóveda en la que almacene una cantidad de pasivos con la cual pueda responder oportunamente al cliente en caso de alguna eventualidad. Además se debe probar la existencia de dicho respaldo en caso de una auditoría y mantener tales fondos separados de los pertenecientes al cliente y de las ganancias registradas por las operaciones comerciales.

¿Cuándo entraría en vigencia y cuál sería su real impacto?

Primero, el proyecto de ley debe ser presentado para su discusión ante el Congreso de la nación en un lapso no mayor de un mes. Posteriormente, se debe esperar un cierto tiempo adicional para que sea debatido y pase a convertirse en una ley con toda la formalidad respectiva.

Sin embargo, Acosta fue muy enfático en cuanto a la importancia de que las empresas relacionadas con la moneda digital y con la tecnología Blockchain estén preparadas, ya que de ser aprobada entraría en vigor desde el primer día de su publicación en la respectiva Gaceta Nacional.

Acosta destacó que se está jugando el ingreso de Bitcoin al gran panorama de México por la puerta grande, ya que de resultar exitoso todo el procedimiento, la economía del país se vería impulsada puesto que los servicios de intercambio regulados pasarían a formar parte del sistema financiero a gran escala, lo que representa que tendrían nexos con muchos aspectos de la economía.

En la actualidad, el mercado mexicano para los pagos transfronterizos es enorme (solo en remesas supera los 25 mil millones de dólares anuales), lo cual abriría las puertas al ingreso de corporaciones multinacionales de comercio exterior, instituciones financieras de gran renombre, empresas de seguros y personas emblemáticas que hagan uso de las plataformas de intercambio Bitcoin para llevar a cabo operaciones comerciales y el envío de dinero de formas más eficientes y económicas a las provistas por las instituciones bancarias.

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